Uno de los
grandes desafíos estructurales de la educación es el financiamiento. La falta
de recursos impacta en la infraestructura, la calidad docente, el acceso a
materiales didácticos y el desarrollo de programas innovadores. De acuerdo con
la UNESCO (2021), muchos países de ingresos medios y bajos no alcanzan el
mínimo del 4 al 6% del PIB recomendado para inversión educativa.
Cuando el
financiamiento educativo es insuficiente o ineficaz, se genera una cadena de
desigualdades que afecta particularmente a los sectores más vulnerables. La
privatización progresiva de la educación también ha traído consigo una lógica
mercantil, donde el acceso a una educación de calidad depende muchas veces del
poder adquisitivo de las familias.
El financiamiento
público no solo debe ser suficiente, sino también bien dirigido. Invertir en
educación es invertir en desarrollo sostenible, cohesión social e igualdad de
oportunidades. Es necesario replantear los modelos de distribución
presupuestaria, fortalecer el gasto en educación básica y media, y asegurar la
transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos.
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